La regulación de las telecomunicaciones es un asunto complejo, puesto que involucra diversos medios como telefonía, ondas de radio, fibra óptica, entre otros. Cada una de estas herramientas tiene una regulación distinta. A nivel internacional, esta regulación es llevada a cabo por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En Ecuador, es ejercida por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) pero su reglamentación es emitida por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), esto actualmente se encuentra en debate.³

La liberalización del mercado de telecomunicaciones

Un número considerable de países han liberalizado sus mercados de telecomunicaciones con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuevos servicios de comunicación al permitir el acceso a la infraestructura (de propiedad estatal) existente. En Ecuador, sin embargo, existen restricciones que dificultan este tipo de prácticas. El artículo 316 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), por ejemplo, indica que “el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos (que incluye al sector de las telecomunicaciones) y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria”, limitando la participación del sector privado.

Incluso en el escenario de un tratado de libre comercio, las telecomunicaciones deben ser tratadas como un sector estratégico (Estévez, 2012), un estudio realizado por CEPAL (2014) revela que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (CNT) estaría incluída en el trato nacional en el escenario de un acuerdo comercial con la Unión Europea, esto es importante puesto que es precisamente en el sector de las telecomunicaciones donde las empresas del viejo continente tienen a uno de sus sectores más fuertes (Maldonado & Torres, 2013:148).

Recientemente la Corte Constitucional aprobó que se trate como enmienda constitucional la modificación a la carta magna que señala a “la comunicación como un servicio público⁴ [que] se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”, con lo cual existe una alta probabilidad de que dicha enmienda se haga efectiva. Algunos grupos han interpretado esta reforma de la comunicación como servicio público y su inclusión dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, como una forma adicional de regulación (“La comunicación, ¿un derecho constitucional o servicio público?”, 2014), esto podría o no suponer un desincentivo para la inversión. Actualmente, las relaciones entre las operadoras y el Estado siguen siendo ásperas (“Claro: ‘Negociaciones para espectro 4G están estancadas’”, 2014).

La última milla

El 90% del tráfico internacional en Ecuador se realiza mediante dos cables de fibra óptica: el submarino Panamericano o Pan-Am y el submarino Emergia o Sam-1 (Cabrera et Col, 2014:3), en ambos casos,⁵ Ecuador solicitó “la entrega de una determinada capacidad internacional con acceso Internet, para uso de desarrollo social y educativo en la estación terminal de cable submarino” a ser administrada por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL), esta capacidad correspondió al 1% y 2% respectivamente. En marzo de 2015 entraría en operaciones un tercer cable, el Pacific Caribbean Cable Systems o PCCS, este último le permitiría al país tener un ancho de banda de hasta 100 Gbps (“Ancho de banda de Ecuador será igual que países desarrollados”, 2014).

Ya en el territorio, existen 20.000 kms de fibra óptica troncal, es decir la red central de distribución y 15.000  kms adicionales en última milla, es decir la conexión directa con el cliente. Este recurso llega al 67% de los cantones del territorio nacional. El número de hogares conectados a Internet de banda ancha en 2013 es 891.000 (7.7%),⁶ el porcentaje conectado a Internet de alta velocidad es 0.89%.

Figura 1. Red Nacional Troncal de Fibra Óptica. Fuente: MINTEL

Por otro lado, el número de líneas activas en el sistema móvil avanzado⁷ en 2013 alcanzó los 17 millones, representando al 109% de la población (Armijos, 2013). Del total de parroquias en territorio, solamente 337 no cuentan con cobertura por servicio de datos móviles (3G y 3.5G), lo que representa al 32% del número total pero representa únicamente al 6.43% de la población (674.246 habitantes). La ventaja de la tecnología de Internet móvil es evidente, por sus menores costos de implementación y uso de infraestructura existente. Es previsible que el ensamblaje local de equipos de telefonía, que se incluye dentro de la estrategia de cambio de matriz productiva, o la disminución de aranceles para su importación, fruto de la entrada en vigor del acuerdo comercial con la Unión Europea, incrementen el uso de Internet móvil (Valarezo et col., 2014).

Dentro de este escenario donde prevalece la telefonía móvil,⁸ es importante considerar las implicaciones que este tipo de infraestructura de acceso suponen en el tema de gobernanza de Internet, específicamente aquellos de protección de la privacidad, puesto que la tecnología móvil maneja estándares cerrados, mucho de su firmware no es accesible (Bini, 2014) y en el país existe registro obligatorio de todos los dispositivos móviles. La vigilancia tiene el potencial de producir no sólo violaciones directas a la privacidad y la libertad de expresión, sino también otros daños como ataques remotos, sanciones legales, exposición a ataques de terceros y, en general, es perjudicial para los derechos humanos (Torres, 2014), como veremos más adelante. Esta tendencia no es exclusiva de Ecuador, sino que se da a nivel mundial (Tejada et col., 2014).

La implementación de redes comunitarias, garantizada en la constitución (Alvear, 2011), sería una opción adicional en sectores rurales donde la penetración es baja, a pesar de haber sido sugerido previamente (Torres, 2014), se desconocen esfuerzos sistematizados de parte del Estado para su implementación.

El espectro radioeléctrico

El artículo 408 de la Constitución de Montecristi (2008) se manifiesta que:

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico [ respecto a los cuales] el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.

Tras un reclamo de emisoras, canales de televisión y empresas de telecomunicaciones, y por solicitud del desaparecido Consejo Nacional de Radio y Televisión, la Corte Constitucional dictaminó que el espectro radioeléctrico “no se inserta dentro de la categoría de recursos naturales no renovables, no obstante, con el fin de evitar congestiones en el uso de las telecomunicaciones (…) se trata de un recurso limitado”, asimismo señaló que se trata de un recurso estratégico⁹ (“Espectro no es recurso no renovable, interpreta la Corte Constitucional”, 2009). Quien entonces presidiera la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, declaró previamente que de darse esta aclaración, se interpretaría que su uso “no tiene que pagar el 50% de las utilidades” (“En video, asambleístas constituyentes de PAIS hablan sobre espectro radioeléctrico”, 2014).

Pese a esto, en 2014 se generó malestar social tras el anuncio gubernamental de la repartición de las utilidades fruto de dicho espectro, esto suponía que el 80% de las utilidades que hasta el momento perciben los empleados de las empresas de telecomunicaciones, alrededor de 4500 familias, serían reasignados directamente al Estado (“Utilidades de las empresas de telefónia [SIC] celular se reinvertiran [SIC] en proyectos de inversión social”, 2014).

Esto aparentemente se resolverá con la aprobación de la nueva normativa de la Ley Orgánica de Comunicación, donde se busca eliminar problemas de interpretación y se mantienen las utilidades de los empleados de empresas privadas, percibidas por uso del espectro radioeléctrico (“Concluyó el primer debate en proyecto de ley de telecomunicaciones”, 2014).

Por su parte, el MINTEL está implementando¹⁰ un plan maestro de migración a televisión digital terrestre para liberar el espectro radioeléctrico y ha previsto el inicio del apagón tecnológico para fines de 2016¹¹ (“Ecuatorianos deben adquirir televisores con estándar ISDBT-TB”, 2014). Otra consecuencia de la migración es que la televisión pasa de ser un medio unilateral a ser un medio de comunicación bidireccional, ya que necesita de un canal de retorno para implementar la interactividad, este proceso estaría finalizado en diciembre de 2018 (Martínez, 2014).

Notas al pie

3 Al momento de redactar este documento, la Asamblea Nacional (2014) ha aprobado el informe para primer debate de la nueva ley orgánica de telecomunicaciones, según la cual la SUPERTEL sería absorbida por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL), que mediante su Agencia de Regulación y Control, se convertiría en el ente rector, operador, administrador, regulador y de control del sector (“El control total a las telecomunicaciones”, 2014), esto supondría una contradicción con la Constitución actual y con el artículo 143 del acuerdo comercial firmado con la Unión Europea (aunque el mismo aún no entra en vigor), por lo que habrá que esperar a la decisión final antes de emitir un criterio al respecto.
4 La Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 79, señala que “la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas(…)”.
5 Véase resoluciones 392-21-CONATEL-2007 y 067-04-CONATEL-2010.
6 Según reportes de MINTEL, el precio de Internet es asequible sólo para los 4 deciles más adinerados de la población. Si se contabiliza el acceso a Internet en general, el porcentaje asciende a 28,3%, según cifras del INEC (2013).
7 Los operadores dominantes son Claro con 68% y Movistar con el 30%, dejando el 2% para la empresa pública, CNT.
8 Según proyecciones del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (2013), en 2017 habrá un incremento de la penetración de conexiones a Internet fijo de 16 puntos porcentuales, mientras que el incremento en la penetración de la telefonía móvil sería de 43 puntos porcentuales.
9 Lo que significa que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar dicho recurso.
10 Mediante Resolución RTV- 681-24-CONATEL-2012 se emitió el mencionado plan. El 23 de diciembre de 2013, se emitió el Reglamento Técnico RTE 83 para Televisores, fecha a partir de la que todos los televisores, que se importen, fabriquen, ensamblen o comercialicen en el Ecuador deben ser aptos para el estándar ISDB-Tb.
11 En el 2016 iniciará en: Quito, Guayaquil, Cuenca. Posteriormente, en el 2017 se realizará el apagón analógico en varias capitales de provincia y, finalmente, en el 2018, todo el territorio nacional tendrá únicamente señales de televisión digital.

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 Cómo citar este artículo

Delgado, J. A. (2014, noviembre). Infraestructura en Telecomunicaciones en Gobernanza de Internet en Ecuador: Infraestructura y acceso. Artículo presentado en el Encuentro Nacional de Gobernanza de Internet, Quito, Ecuador. Obtenido de http://delgado.ec/research/es/Gobernanza_Internet_Ecuador_2014.pdf

Nunca se pensó que Internet tendría el impacto mundial que generó décadas después de su creación. De hecho, en un inicio casi no se podía percibir intervención de tipo estatal y menos aún mercantil en la gobernanza de la red. Esto no fue accidental puesto que los creadores de Internet consideraban que eso garantiza algunas de sus características centrales: apertura, neutralidad, descentralización. Sin embargo, con el paso del tiempo, Internet atrajo la atención de varios sectores lo que ha hecho que tanto el sector privado como los gobiernos quieran influir en cómo se manejan los asuntos vinculados a Internet. Esto se da especialmente por la convergencia de Internet, telecomunicaciones y el manejo de contenidos,,¹ y debido al gran protagonismo que la red empezó a tener en la geopolítica global.

Este proceso de intervención ha sido paulatino, y gracias a ello no tenemos un gobierno de Internet dirigido por Estados, sino un proceso de gobernanza donde intervienen varios sectores. Y a pesar de que son finalmente las resoluciones, acuerdos, políticas, leyes y reglamentos los instrumentos (emitidos por Estados) que guían esta gobernanza, estos en su mayoría adoptan resoluciones previas de reuniones con varios actores, en lo que se denomina como un modelo multisectorial (multistakeholder, en inglés).

Existen varios antecedentes importantes que llevaron a la adopción de este modelo. Por ejemplo, entre 1994 y 1998 surgió un gran conflicto cuando la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos quiso subcontratar a una compañía privada para gestionar el sistema de dominios. La resolución final del conflicto, donde intervinieron Estados y organizaciones internacionales, fue el establecimiento de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN).

En 2003 y 2005, se desarrollaron las dos fases de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, con la presencia de 19000 participantes de 174 países. El objetivo era reducir la brecha digital en el acceso a las tecnologías de la información, especialmente El objetivo de la primera fase era redactar y propiciar una clara declaración de voluntad política, y tomar medidas concretas para preparar los fundamentos de la Sociedad de la Información para todos, que tenga en cuenta los distintos intereses en juego. El objetivo de la segunda fase fue poner en marcha el Plan de Acción de Ginebra y hallar soluciones y alcanzar acuerdos en los campos de gobierno de Internet, mecanismos de financiación y el seguimiento y la aplicación de los documentos de Ginebra y Túnez. En esta cumbre se definió que

La gobernanza de Internet es el desarrollo y aplicación por parte de gobiernos, sector privado y sociedad civil, en sus roles respectivos, de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas que den forma a la evolución y uso de Internet.²

Posteriormente, el primer Foro de Gobernanza de Internet (IGF, por sus siglas en inglés) fue anunciado oficialmente por el Secretario General de las Naciones Unidas en julio de 2006 y ha celebrado una reunión anual desde entonces.

Los países en vías de desarrollo tienen ciertas limitaciones en cuanto a conocimientos, recursos humanos y financieros para participar sostenidamente en los debates sobre gobernanza de Internet en un entorno altamente descentralizado y multi-institucional, seguir los pronunciamientos de instituciones relevantes o asistir a las principales conferencias con una postura desarrollada e informada en un entorno de múltiples variables. .

Adicionalmente, la búsqueda de la desestructuración del poder hegemónico de Estados Unidos en Internet, ha impulsado a países como Rusia o China a abogar por un modelo intergubernamental, donde los Estados puedan tomar control de la red de una forma más directa (considerando además que muchos de los actores privados más poderosos están basados en suelo estadounidense).

En lo relativo a la discusión en América Latina sobre la gobernanza de Internet, en 2007 el gobierno de Brasil alojó la segunda reunión de Foro de Gobernanza de Internet, lo que marcó incidió en que los actores de la región se vinculen a dicha problemática, sin que ello haya significado que se la abordó desde una perspectiva regional (ONG Derechos Digitales, 2014). El debate regional empezó a constituirse en el 2008 cuando un grupo de actores propuso la creación de un espacio multisectorial para el diálogo político sobre la gobernanza de Internet. Desde ese entonces, la reunión regional sobre gobernanza de Internet se ha realiza anualmente en distintos países de América Latina.

En el 2010, la reunión regional se efectuó en Quito, Ecuador, lo que contribuyóa despertar el interés de los actores locales en los temas de la gobernanza de Internet.

En octubre del 2013, Paquistán planteó a nombre del Ecuador y otros países la creación de un mecanismo intergubernamental de gobernanza de Internet en la reunión No. 24 del Consejo de Derechos Humanos. El mismo mes, el presidente de la ICANN, Fadi Chehadi y Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, iniciaron el proceso NETmundial, el cual contó con la presencia de representantes del sector público, privado y sociedad civil de Ecuador.

Conviene avanzar en la definición de una agenda de gobernanza de Internet de Ecuador.

A pesar de los cambios en la clasificación, la gobernanza de Internet aborda más o menos el mismo conjunto de 40-50 temas específicos (recomendados por DiploFoundation) que se pueden agrupar en las siguientes áreas:

1. Infraestructura y estandarización
2. Marco Legal
3. Economía
4. Desarrollo
5. Sociedad y cultura

No todos estos temas han sido desarrollado aún, pero es importante mencionar cada uno de ellos para futuras investigaciones y seguimiento. Adicionalmente, es importante realizar un mapeo de actores en el tema de gobernanza de Internet en Ecuador, que permita evaluar las posturas pasadas y prospectivas de los mismos.

Notas al pie

1 Además de la Web y los protocolos originales para transmisión de archivos y mensajes, Internet permite la transmisión de contenido y comunicación multimedia, telefonía (VoIP), televisión (IPTV), el uso de juegos en línea, entre otros.
2 Definición emitida por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) avalada por la Resolución 56/183 de la Asamblea General de la ONU.

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Descarga el insumo para el Primer Encuentro Nacional de Gobernanza de Internet en Ecuador

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